Sobre la retroactividad de la Ley 19/2005, en cuanto limita la responsabilidad de los administradores a las deudas nacidas tras la causa de disolución

Este trabajo pretende determinar cuál es el verdadero peso de los argumentos que han sostenido la retroactividad o no de la reforma que, en materia de responsabilidad de administradores, ha introducido la L 19/2005. Consideramos la cuestión especialmente acuciante, pues, más de tres años después de la aprobación de la reforma, nuestros Tribunales se encuentran divididos sobre la materia.

I. LA REFORMA:

Como es por todos conocido, la L 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, ha modificado el régimen de responsabilidad de los administradores por deudas sociales prevista en los arts. 262.5 Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 (LSA) y 105.5 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995 (LSRL). Lo hizo, a través de sus disps. finales 1.ª y 2.ª, estableciendo que, caso de que la sociedad se halle en causa de disolución o concurso, los administradores que no procuren la declaración de tales estados responderán, no de la totalidad de las deudas que la sociedad tuviera contraídas hasta la fecha —según resultaba del régimen anterior a la reforma—, sino únicamente de las nacidas con posterioridad a la concurrencia de la causa que debió determinar la actuación de los administradores.

De acuerdo con ello, el art. 262.5 LSA ha adquirido el siguiente tenor: «Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso». En idénticos términos ha quedado redactado el apartado quinto del art. 105 LSRL.

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