Algunas causas del fracaso concursal

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La Ley Concursal, y toda la institución concursal, se están viendo sometidas a las más duras pruebas que pudieran haberse imaginado.

En el marco de la actual situación económica, este artículo pretende, a partir del análisis de algunas cuestiones concretas, sopesar hasta qué punto la nueva Ley ha dado respuesta a las expectativas en ella depositadas, y diferenciar entre las responsabilidades atribuibles al texto y las imputables a otros factores.

GENERALIDADES:

El objeto del presente artículo no es el análisis doctrinal de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 («LC»), sino, de modo bien distinto, la exposición de algunos de los principales problemas prácticos que plantea, que han determinado (conjuntamente con otros factores, como luego se advierte) el que puede denominarse fracaso de la institución concursal.

Podrá decirse, no sin razón, que la actual situación económica (cuyo verdadero calado aún desconocemos) reviste tal gravedad que ni siquiera la mejor ley concursal habría podido hacerle frente con dignidad. En efecto: por esa razón, los concursos hasta la fecha presentados ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona representan el 250% de los tramitados durante todo 2007, provocando que esos Juzgados estén actualmente padeciendo una sobrecarga de trabajo cercana al 1000% (1). Se trata de una situación que ninguna Administración de Justicia es capaz de manejar con solvencia.

No obstante, ello no es óbice para denunciar las clamorosas deficiencias de la propia LC, que fue precipitadamente elaborada —en buena parte, por razones estrictamente políticas—y que se nos presenta plagada de insuficiencias, defectos técnicos y faltas de previsión. Los operadores jurídicos podíamos, legítimamente, albergar la esperanza (rápidamente frustrada) de que, tras 80 años de vigencia del marco compuesto por los Códigos de Comercio de 1829 y 1885 y la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, la LC daría mejor respuesta a los retos ahora planteados.

El fracaso de la LC queda patente en otro dato: como es conocido, más del 90% de los concursos acaban con la liquidación empresarial, lo que certifica la falta de consecución del principal y tantas veces reiterado objetivo de la Ley: el mantenimiento de la empresa y el reforzamiento de la posibilidad de alcanzar un convenio.

No obstante, no nos hallamos únicamente ante el fracaso de un texto legal, sino (como revela el título del artículo, que, de modo mucho más amplio, habla de fracaso concursal) de toda una institución -la concursal-, cuya responsabilidad también corresponde a otros factores. Así lo revela el que cada día oigamos lamentos acerca de falta de utilización de figuras que la LC sí prevé; muy especialmente, de la propuesta anticipada de convenio.

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